El Gobierno de Nicolás Maduro acusó este viernes a la oposición de incumplir los acuerdos firmados en las negociaciones que buscan de destrabar la crisis política que vive el país.

El jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, hizo público un texto en el que cuestionó que la oposición desconoció el entendimiento del 13 de agosto –una suerte de acuerdo preliminar- y buscó “desentenderse de los temas que competen al rescate del patrimonio, recursos y activos pertenecientes a la República”.

“Frente a la grave violación a los acuerdos firmados en México sobre la recuperación de nuestros activos: estamos en presencia de un robo flagrante de bienes que sólo pertenecen a las venezolanas y los venezolanos”, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Como ejemplo de esas violaciones, el Ejecutivo citó “la reciente decisión del Gobierno de Colombia de apropiarse y asumir el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, filial de Pequiven; además de la carta hecha pública por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que afirma que podría autorizar la venta de las acciones de Citgo Petroleum a partir de enero de 2022”.

Advirtió además que “las vergonzosas y antinacionales declaraciones de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia revelan una feroz pugna de grupos e intereses por el control de ambas empresas y la intención desnacionalizar estos activos o de asignárselos a poderes extranjeros en absoluta violación al orden constitucional de Venezuela”.

Para el oficialismo, los hechos muestran “no sólo la conducta irresponsable de factores de la oposición sentados en México, sino que representa una evidente amenaza al patrimonio, recursos y activos del país, por parte de quienes, aprovechándose del respaldo del gobierno de Estados Unidos, procedieron a asaltar y saquear estas empresas que le pertenecen a todo el pueblo venezolano".

Además ratificaron que “no va a descansar hasta lograr recuperar totalmente el patrimonio, recursos y activos”, severamente “violentados por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados” desde el 2015 y adelantó que usará “todos los recursos jurídicos, diplomáticos, políticos y económicos a su alcance para restablecer plenamente sus derechos económicos”.